El peso normativo del Patrimonio cultural español es muy importante. Ya has visto cuál ha sido la trayectoria desde mediados del siglo XVIII hasta el franquismo. A partir de ahora nos centraremos en lo que ocurre con la legislación sobre Patrimonio cultural en la democracia.
La muerte del dictador y la llegada de la Transición traen consigo cambios a todos los niveles. El primero y más importante es el de desmontar todo el sistema político del franquismo para convertirlo en uno democrático y adecuado al momento que se está viviendo. En este sentido, la Constitución de 1978 es un elemento clave, un punto de inflexión al que se llegó tras un referéndum en que la sociedad española clamó por la democratización.
En esta Constitución, a lo largo de sus 169 artículos se pone en pie todo un nuevo sistema de derechos, libertades y obligaciones para la ciudadanía española. Pues bien, uno de ellos, concretamente el artículo 46 hace referencia al Patrimonio histórico, cultural y artístico de nuestro país. Concretamente dice lo siguiente:
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
Fíjate en que se habla de cuestiones que ya habían aparecido en las legislaciones previas: conservación, promoción de su enriquecimiento... y, sobre todo, habla de una ley que sancione los atentados que se cometan contra él. Es todo un avance. Que el elemento más básico y más importante de nuestro ordenamiento legal hable concretamente de la importancia que el Patrimonio tiene para nuestro país muestra hasta qué punto se consideraba (y se considera) al Patrimonio histórico, cultural y artístico un referente dentro de nuestra cultura.
Sí, es verdad que aún no se habla del "patrimonio cultural" que ahora tenemos asumido como el correcto y que integra, como ya sabes, todo tipo de expresiones culturales; pero bueno, hablamos de 1978 y, en realidad, el texto legal iba en consonancia con lo que las diferentes convenciones internacionales dedicadas al Patrimonio iban marcando.
A partir de aquí hacía falta ir un paso más allá y concretar esta magnífica declaración de intenciones en un marco legal más concreto y adecuado. Para eso, el Rey Juan Carlos I sancionó el 25 de junio de 1985 bajo la presidencia de Felipe González, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.