2.3. Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos

La provincia es una entidad local determinada por la agrupación de municipios, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, donde su gobierno y su administración autónoma corresponden a la Diputación u otras corporaciones de carácter representativo (Gobierno de España, 1985).

Las diputaciones provinciales son instituciones que suelen financiar a los ayuntamientos, en este caso concreto en materia de deporte. Pese a que no existen competencias específicas en materia de deporte para las diputaciones, cuentan con programas deportivos en todas las provincias españolas y ejercen mayoritariamente sus funciones en municipios menores de 20 000 habitantes, de 5 000 habitantes y de 1 000, dependiendo de la competencia (Gómez, 2018).

En cuanto a los ayuntamientos, la gestión en materia de deporte suele ser directa y recibe financiación de los organismos superiores (Consejo Superior de Deportes, Comunidades Autónomas y diputaciones provinciales). Se trata de entidades básicas de la organización territorial del Estado, que gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades, promueven actividades y prestación de servicios públicos que contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal (Gómez, 2018).

Sin embargo, la inversión pública en deporte ha decrecido en algunos países (Grimaldi-Puyana, Sánchez-Oliver y García-Fernández, 2018; Lera y Suárez, 2019) siendo necesaria la vinculación con agentes que promocionen y gestionen servicios deportivos, es decir, organizaciones con ánimo de lucro que buscan cubrir la demanda solicitada por la población y no abastecida por las entidades públicas, gestionando instalaciones y servicios deportivos. Se trata de las asociaciones público-privadas que surgen como resultado de la situación económica de algunos gobiernos locales (ayuntamientos) y el aumento de la demanda de la población sobre la práctica y el consumo deportivo. Esta relación entre organizaciones de carácter público con las de carácter privado supone, según Torres y Pina (2001), uno de los problemas más importantes de la administración contemporánea del sector público. Existen diferentes situaciones, que pueden ir desde el concurso para la organización de un simple evento deportivo hasta la explotación de instalaciones deportivas, aunque cabe recordar que los servicios siguen teniendo titularidad pública pese al desarrollo y la gestión de empresas privadas.