4. Desigualdad y redistribución de la renta

Ya vimos en la introducción a este tema que una de las funciones esenciales que hoy atribuimos al Estado es realizar políticas redistributivas que permitan reducir los efectos de la desigual distribución de la renta. Nuestra propia Constitución deja muy claro que esa es una de las funciones fundamentales de nuestro Estado. Mira, por ejemplo, lo que dice en su artículo 40, párrafo 1:

Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo.

Cuando hablamos de desigual distribución de la renta queremos decir que los ingresos varían mucho entre unas personas y otras. O sea, que hay personas más ricas y personas más pobres. Además, si agrupamos a las personas según su actividad económica, su nivel de formación o el lugar donde viven, veremos que las desigualdades no son solo una cuestión personal, sino que hay sectores económicos, grupos sociales y regiones con rentas más bajas y más altas.

La pobreza ataca con especial dureza en los países menos desarrollados, pero existe hasta en los países más ricos. Imagen de Steve Evans en Wikimedia Commons. Licencia CC.

La propia ley de la oferta y la demanda, en la que se basa nuestro sistema económico, hace inevitable que unas rentas sean superiores a otras. Por ejemplo, si ofreces un trabajo muy demandando y que pocos saben hacer, tu salario tenderá a ser superior. A fin de cuentas, ¿quién invertiría años, dinero y esfuerzo en su formación si al final va a cobrar lo mismo que si no lo hubiera hecho? Pero eso no significa que no se debe luchar contra la desigualdad, y eso por varias razones.

De entrada está el problema humano. Cuando la desigualdad hace que una persona no pueda acceder a los recursos necesarios para vivir con dignidad, atender a esa persona no es ya una cuestión económica, sino una obligación ética y política.

Pero además hay un problema económico fundamental. Quienes tienen unas rentas altas, especialmente cuando las obtienen de la tierra o el capital, puede multiplicarlas con más facilidad que quienes tienen rentas bajas. Eso significa que, incluso cuando la economía crece, los ricos tienden a hacerse más ricos con respecto a los que menos tienen. En otras palabras, el crecimiento económico a menudo no reduce, sino que aumenta la desigualdad.

Es verdad que lo importante no es solo la desigualdad relativa entre los más ricos y los más pobres de un país, sino los recursos de los que disponen los más pobres. En general, los pobres de los países ricos viven mejor que los pobres de los países pobres. Pero eso no significa que se deba aceptar cualquier grado de desigualdad simplemente a condición de que los más pobres tengan un mínimo aceptable (entre otras cosas porque no es fácil decidir cuál es ese mínimo). Hay al menos dos razones por las que no se puede dejar crecer la desigualdad, incluso aunque el mínimo de subsistencia esté asegurado:

• Porque en una economía en crecimiento el nivel de precios sube, lo que hace que quienes reciben menores rentas pierdan muchas veces poder adquisitivo real. Por eso es tan frecuente en la Historia que períodos de auge económico se hayan visto acompañados de fuertes tensiones sociales.
• Porque las personas nacidas en entornos con menores rentas tienen menos oportunidades de alcanzar la educación y los contactos necesarios para obtener una posición que les permita mejorar su nivel de rentas. De esa forma, las desigualdades tienden a reproducirse de padres a hijos. Y eso es injusto para las personas con una peor posición de partida. Pero es además perjudicial para la sociedad en su conjunto, ya que impide que muchas personas consigan competir para alcanzar ocupaciones en las que habrían podido hacer un gran trabajo.

Redistribuir la renta significa que los que más tienen aporten más a los ingresos públicos para compensar a los que menos tienen mediante el gasto público. Cómo puede el Estado redistribuir la renta?

Existen numerosas medidas de política económica por las que un Estado puede tratar de reducir las desigualdades sociales. Como todas esas medidas tienen un coste, pueden considerarse redistributivas. Por ejemplo:

a) Todas las políticas destinadas a acercarnos al pleno empleo: políticas monetarias y fiscales expansivas, políticas activas de empleo, etc.

b) Todas las políticas destinadas a dar protección jurídica a los sectores con menor capacidad de negociación. Un ejemplo sería la regulación del mercado laboral, incluyendo el establecimiento de un salario mínimo interprofesional.

c) Todas las políticas de rentas, que tratan de influir sobre los diferentes tipos de ingresos de los agentes económicos para lograr así una mejor asignación de los recursos y de la distribución de la renta. Entre estas políticas podemos incluir las subvenciones, las desgravaciones fiscales, el control de precios y salarios...

Políticas redistributivas. Imagen en  Pixabay. Dominio público.

Pero es la política fiscal la que realiza la función redistribuidora del Estado de una forma más directa. Lo hace de varias maneras.

a) Los impuestos progresivos cargan más a los contribuyentes que más tienen. El mejor ejemplo de ello es el IRPF. De forma más general, la progresividad de los impuestos, es decir, la idea de que quienes más tienen aporten más a la caja común, es un mandato incluido en nuestra constitución (Art. 31.1)

b) Las transferencias públicas canalizan los ingresos públicos hacia los sectores más desprotegidos. Entre ellas podemos incluir las prestaciones de desempleo, las becas, las ayudas asistenciales, etc. El sistema público de pensiones puede incluirse con matices en esta categoría. La mayoría de los pensionistas recibe sus pensiones según lo que han aportado a lo largo de su vida laboral (pensiones contributivas). Pero muchos otros reciben unos mínimos aunque no hayan podido realizar las suficientes aportaciones (pensiones no contributivas). Además, el propio sistema es una garantía para quienes tienen menos recursos.

c) La prestación de servicios públicos universales, como la Educación o la Sanidad, también se incluye en el marco de la función redistributiva. Aunque benefician a todos los ciudadanos por igual, suponen un gasto obligatorio para los más ricos con el objetivo de garantizar que incluso los más pobres puedan acceder a ellos.

d) Una mención especial merece la redistribución territorial de la renta. Pero para entender esto tenemos que entender un poco mejor cómo se financian las Comunidades Autónomas.

La solidaridad territorial es un principio fundamental de nuestro Estado. Imagen de Zarateman en Wikimedia Commons. Dominio público.

La mayoría de las Comunidades Autónomas, como por ejemplo Andalucía, se financian de la misma manera. Cada Comunidad Autónoma tiene algunos tributos y otros ingresos propios. Además, tiene una serie de tributos cedidos por el Estado.

• Algunos de ellos los recauda en su totalidad, como por ejemplo el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
• En otros casos recibe un porcentaje de los impuestos recaudados entre sus residentes. Por ejemplo, el 50 % del IRPF y el 50 % del IVA.

Hasta ahí, cada Comunidad Autónoma obtendría ingresos según lo ricos o pobres que sean sus residentes. Pero hay comunidades más ricas que otras. Considerando que las comunidades gestionan la mayoría de los servicios públicos, eso significaría que en algunas comunidades la gente obtendría mejores servicios que en otras. Por eso la Constitución Española establece (Artículo 2) que las Comunidades Autónomas deben ser solidarias entre sí.

Para garantizar esa solidaridad se establecen una serie de fondos en los que se ponen en común parte de los ingresos autonómicos y estatales para redistribuirlos entre las comunidades y provincias en función de sus necesidades. De esa forma se redistribuye la renta nacional aportando más a los territorios con una menor renta.

Junto a los ingresos propios, los tributos cedidos y los fondos, las Comunidades Autónomas también reciben otras subvenciones y transferencias de dinero. Algunas proceden del Estado, pero otras proceden de la Unión Europea, que también realiza una importante labor de redistribución territorial de la renta. Por ejemplo, las transferencias recibidas del Fondo Social Europeo son una aportación esencial en la financiación de servicios públicos esenciales en Comunidades como la nuestra. Fíjate y verás cómo encuentras numerosos carteles y anuncios en centros sanitarios y educativos en los que se reconoce esta aportación.

De la misma forma, España también contribuye a redistribuir la renta internacionalmente, aportando fondos a la Unión Europea y a otras instituciones internacionales cuyo objetivo es promover el desarrollo económico y social de los países más desfavorecidos.