Los males de la sanidad
Expertos de todo el mundo reunidos en Madrid, en septiembre de 1996, coinciden en la gravedad de muchos de los problemas sanitarios públicos
JOSE LUIS DE LA SERNA / VICENTE MATEU
Publicado por Suplemento de Salud y Medicina del diario El Mundo
En España el pronóstico es grave, aunque en otros países sea únicamente reservado. La sanidad está enferma en casi todas partes y no debe deteriorarse mucho más. Es un bien demasiado preciado -sigue siendo el paradigma del Estado de bienestar- y mantenerla en un aceptable nivel de salud es una baza trascendental para cualquier político que pretenda llegar o mantenerse en el poder. Esta semana se ha reunido en Madrid un grupo de expertos para debatir la modernización de los sistemas sanitarios públicos. Convocados por la revista The Economist y por Arthur Andersen, y bajo el patrocinio de la multinacional farmacéutica SmithKline Beecham, especialistas de Holanda, Alemania, Suecia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Colombia, Francia, EEUU y España -cinco ministros de Sanidad entre ellos- han coincidido en que la mayoría de los sistemas públicos de salud está en crisis y que algo hay que hacer para preservar uno de los mayores logros sociales de la Historia. Puesto que la razón de los males de los sistemas sanitarios es similar en casi todas partes, el remedio que solucione tanta patología pasa también por los mismos caminos. Hay que controlar el gasto sanitario, no se puede crecer de la forma en que se ha venido haciendo en los últimos años; hay que modificar los mecanismos de gestión; introducir el concepto de competencia en el sistema y el de servicio al cliente, así como devolver al médico el papel protagonista, ya que es el médico el eje central del acto sanitario y consecuentemente del gasto que genera. Toda reforma que se realice de espaldas a los profesionales fracasará indefectiblemente. Las preocupaciones que suscita el futuro de la sanidad son las mismas en casi todas partes. La salud se ha convertido en lo más importante para las poblaciones de los países desarrollados. El aumento del número de ancianos -en Cataluña, por ejemplo, dentro de pocos años habrá 100.000 personas mayores de 85 años- y los avances en las nuevas tecnologías de diagnóstico y tratamiento harán incrementar la demanda sanitaria casi exponencialmente y, por tanto, los gastos.
Sin embargo, el dinero para atender la sanidad no puede crecer de la misma manera que crece la demanda. No hay sistema financiero que lo aguante y, sobre todo, hablando ya de nuestro entorno, no lo permiten los acuerdos de la Unión Europea. El volumen del déficit público está severamente limitado y el déficit sanitario se incluye en el total del déficit.
Pero, de acuerdo con todos lo expertos, las reformas son absolutamente necesarias. Hay que intentar mejorar la eficacia manteniendo las premisas básicas de todo el sistema sanitario: financiación pública, acceso universal, equidad, calidad y solidaridad. De ninguna manera el poder mantener la salud tiene que ser un privilegio de los ricos como pasa en muchos países del mundo. Intentar que el sistema sanitario español no se colapse un día, asfixiado por la deuda y por unos costes desproporcionados para su eficacia, pasa sin duda alguna por reformas profundas. Lo que ocurre es que -lo decía el Financial Times hace muy pocos días- las palabras reforma sanitaria producen pavor a los políticos porque la percepción de cambios en el sistema sanitario genera inmediatamente un rechazo social.
Incertidumbre
La incertidumbre ante esta situación puede ser una de las razones que han marcado las primeras, y controvertidas, declaraciones que sobre sanidad ha hecho este nuevo Gobierno. Los expertos no entienden por qué se gasta tanta tinta en hablar de medicamentos y recetas y en distraer así a la opinión pública cuando de lo que hay que hablar es de reformar la sanidad en serio. Nadie duda de que hay que limitar la factura farmacéutica que crece desmesuradamente cada año, pero saber si el ciudadano debe o no pagar las 100 pesetas cuando precise un fármaco o si hay que excluir algún medicamento de la lista de los que sí están financiados no debe hurtar de ninguna manera la necesidad de un auténtico debate sanitario. El único político que siempre habla muy claro sobre la necesidad de una reforma y hasta donde debe llegar la misma es el catalán Xavier Trias. El actual conseller de Presidencia de la Generalitat ha estado muchos años al frente de la sanidad en Cataluña. Trias es partidario de una sanidad ciento por ciento pública, pero no necesariamente gestionada por la Administración. De esta forma es posible apelar a la gestión privada y a la utilización de todos los recursos disponibles. Piensa que hay que flexibilizar la excesiva regularización que existe en el sistema, que hay que introducir sin dilación mecanismos de competitividad, que hay que considerar a los pacientes como si fueran -que lo son- aunténticos clientes e incorporar a las prestaciones esa cultura de servicio al cliente que tiene la mayoría de las empresas privadas.
El doctor Trias no se calla a la hora de hablar de tique moderador, del que es partidario, aunque reconoce que cada vez que lo hace se organiza un fantástico revuelo. Tampoco se desdice a la hora de hablar de prestaciones y de la necesidad de un replanteamiento de las mismas. Según él, habrá que hacer recortes a algunas de las prestaciones actuales si se quiere hacer frente a los retos futuros que tendrá la sanidad. Entre ellos, luchar contra el Alzheimer, por ejemplo, o hacer llegar los nuevos y eficaces tratamientos que aliviarán el sufrimiento a mucha gente. "Hace falta un cambio cultural -insiste Trias-. Entender la diferencia entre reducción y recortes necesarios y pensar que aunque la sanidad supone un gasto es también una impresionante fuente de trabajo. El empleo de casi medio millón de personas en España está relacionado con la salud y su cuidado". Intentar mantener y mejorar nuestro sistema sanitario tiene que ser una cuestión de Estado. Así, al menos, piensa Alberto Núñez Feijoo, secretario General de Asistencia Sanitaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. En Sanidad hace falta, como ha ocurrido con las pensiones, un pacto de Toledo.
El segundo movimiento de la reforma sanitaria hay que realizarlo por consenso y en él deben comprometerse todas las fuerzas políticas. De acuerdo con la opinión de muchos especialistas hay que ir más allá de lo que fue el informe Abril, pero desde el propio Congreso y no únicamente desde una comisión de expertos. Nadie duda de que habrá que consultar a los especialistas, pero luego habrá que discutir las futuras reformas en las comisiones parlamentarias. Cuanto más amplio sea el consenso, mayores serán las posibilidades de que los necesarios cambios estructurales que hay que hacer en el sistema sanitario lleguen a implantarse en un futuro próximo.
Núñez Feijoo está convencido de que el médico debe recobrar el protagonismo que ha perdido. El facultativo es el único que decide sobre el diagnóstico y el tratamiento del enfermo. El médico es, al final, quien en realidad genera el gasto. Lo que el nuevo Gobierno intentará conseguir es que los médicos se sientan responsables no sólo ante el enfermo y ante sus familiares, sino también ante el sistema.
Si no hay un claro apoyo por parte de los profesionales cualquier nueva reforma sanitaria estará condenada al fracaso.
Por otra parte, habrá que tratar de informatizar todo el sistema y de poner en práctica la tarjeta sanitaria progresivamente. En los próximos años está prevista la llegada de una auténtica avalancha de nuevos procedimientos diagnósticos y terapéuticos. Antes de que el Estado se haga cargo de los costes que generará tanto adelanto será necesario realizar una evaluación seria de estos procedimientos. El Gobierno, además, quiere contener el gasto farmacéutico. La factura que pasará en 1996 la industria productora de fármacos al Estado español será un 14% superior a la que se presentó el año pasado. Es, según los responsables ministeriales, una cifra muy alta para un montante total que está rondando el billón de pesetas. El Ministerio insiste en que el porcentaje que se gasta en farmacia es muy elevado y que hay que intentar hacerlo descender a toda costa. El aumentar la aportación que el ciudadano hace al copago de la receta de farmacia no tiene por qué significar un disparate, ya que lo que el español paga por los medicamentos es una de las cifras más bajas de la Unión Europea.
Uno de los datos más esperanzadores que se han dado a conocer en las jornadas madrileñas del The Economist proviene del Reino Unido. La reforma sanitaria que propició hace años la señora Thatcher, en la que se hacía hincapié en la descentralización y en la competencia interna, empieza ya a dar los primeros resultados positivos. Las listas de espera han disminuido de una forma muy clara y el 60% de las estancias hospitalarias secundarias a un procedimiento quirúrgico no sobrepasan las 24 horas. El sistema sanitario español se parece bastante al que tenía el británico antes de la reforma que se está llevando a cabo.